El Tren México–Querétaro–Irapuato avanza y el gobierno de Querétaro acaba de ponerle algo que hasta ahora parecía hacer falta: condiciones para que el desarrollo no se convierta en cheque en blanco. El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, informó que Estado y Federación acordaron que cualquier intervención fuera del derecho de vía federal deberá contar previamente con permisos estatales y municipales, además de ser informada y socializada con vecinos y sectores involucrados.
Y hay un segundo punto que puede ser todavía más importante: la Federación deberá entregar información técnica de las estaciones de San Juan del Río, El Marqués y Querétaro, para anticipar afectaciones y construir un plan de movilidad. No es un asunto menor. El proyecto contempla 232.42 kilómetros de vía doble, una inversión estimada de 144 mil millones de pesos y registra un avance general de 19.22% con corte a junio de 2026. Además, ya existen 14 frentes de construcción y cientos de obras complementarias previstas.
El tercer acuerdo toca una fibra especialmente sensible en Querétaro: el arbolado urbano. Gudiño aseguró que cualquier afectación deberá coordinarse previamente con las autoridades locales, privilegiando el trasplante y, cuando técnicamente no sea posible, las medidas de compensación. Esto adquiere especial relevancia después de las preocupaciones ciudadanas por árboles y movilidad en distintos puntos de la capital, particularmente en la zona de calle Invierno, donde vecinos y comerciantes han planteado inquietudes por las obras y el cierre que implicaría el proyecto. El gobierno estatal dice que también puso sobre la mesa la necesidad de obras complementarias para mitigar esos impactos.
Pero aquí viene lo interesante: los acuerdos son el principio, no la solución. Decir “habrá socialización”, “habrá permisos” y “se privilegiará el trasplante” suena bien; ahora habrá que ver qué significa eso cuando llegue la maquinaria, cuando se cierre una calle, cuando aparezca el primer árbol marcado o cuando una estación obligue a rediseñar rutas completas. El propio gobierno estatal reconoce que el proyecto es federal y que Querétaro lo acompaña, pero también sostiene que la prioridad es reducir las afectaciones a la población.
Porque una obra de 144 mil millones de pesos no puede medirse solamente por kilómetros construidos. También habrá que medirla por árboles conservados, calles que sigan funcionando, negocios que puedan sobrevivir, tiempos de traslado y ciudadanos informados antes de que llegue la maquinaria. El tren puede ser una obra histórica. Pero histórico no significa intocable. Y justamente ahí es donde empieza la verdadera responsabilidad pública.
