En Querétaro arrancó oficialmente el proceso para designar a quien encabezará la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por los próximos nueve años. Y aunque en el discurso se habla de legalidad, transparencia y Estado de Derecho, el verdadero debate no está en los currículums. Está en quién tendrá realmente el control político de una institución que debería investigar al poder… incluso al propio poder que la propone.
La terna enviada por el gobernador Mauricio Kuri al Congreso local está integrada por perfiles técnicamente sólidos: Juan Manuel Martínez López, especializado en antilavado y delitos financieros; María Elena Guadarrama Conejo, vinculada a transparencia y derechos humanos; y Carlos De los Cobos Sepúlveda, con experiencia en órganos judiciales y acceso a la información. Nadie cuestiona su preparación. Lo que está bajo la lupa es el procedimiento.
Porque mientras el oficialismo insiste en que el proceso cumple con la Constitución reformada en 2024, Morena, PT e incluso voces de Movimiento Ciudadano advierten que la reforma terminó concentrando demasiado poder en el Ejecutivo. El propio diputado Ulises Gómez de la Rosa lo dijo sin rodeos: si no se alcanzan los 17 votos necesarios en el Congreso, será el gobernador quien termine designando directamente al fiscal anticorrupción. Es decir: el proceso podría terminar siendo solamente una ruta burocrática hacia una decisión previamente definida.
Y ahí está el verdadero problema de fondo. En un estado donde las grandes obras públicas, el crecimiento acelerado, la urbanización y los contratos multimillonarios exigen vigilancia permanente, la ciudadanía necesita algo más que perfiles impecables en papel. Necesita confiar en que quien investigue posibles actos de corrupción tenga independencia real y no compromisos políticos previos. Porque un fiscal anticorrupción sin autonomía no combate la corrupción: la administra.
La discusión ya salió del terreno jurídico y entró al político. Morena presentó una iniciativa para eliminar la facultad del Ejecutivo de enviar la terna y devolver al Congreso un proceso abierto con participación ciudadana. Movimiento Ciudadano, por su parte, empuja el criterio de paridad para que sea una mujer quien encabece la Fiscalía. Mientras tanto, la Junta de Coordinación Política tendrá en sus manos un procedimiento que será observado con lupa por colectivos, académicos, abogados y ciudadanía organizada.
La pregunta que queda sobre la mesa no es menor: ¿Querétaro está construyendo instituciones fuertes o instituciones cómodas para el poder? Porque la autonomía no se presume en discursos. Se demuestra cuando investigar al gobierno no cuesta el cargo.
