
Los apagones dejaron de ser una molestia ocasional para convertirse en un problema cotidiano en Querétaro. Colonias enteras pasan horas, e incluso días, sin electricidad. Comercios pierden mercancía, empresas detienen operaciones y miles de familias enfrentan las consecuencias de una infraestructura eléctrica que claramente ya no responde al crecimiento del estado.
En este contexto, el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes, hizo una aclaración importante: la Agencia no fue creada para reparar transformadores, atender reportes ciudadanos o sustituir a la Comisión Federal de Electricidad. Jurídicamente tiene razón.
La Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica establecen que la transmisión y distribución de energía eléctrica son facultades exclusivas de la Federación, a través de la CFE. Un gobierno estatal simplemente no puede intervenir la red eléctrica federal, aunque quisiera.
Sin embargo, esa explicación legal no resuelve la pregunta política.
Si la Agencia Estatal de Energía nació para impulsar un gran proyecto de infraestructura que finalmente fue bloqueado por la administración de Manuel Bartlett, ¿cuál es hoy su razón de ser?
Porque el propio Mauricio Reyes reconoció que el proyecto insignia de la Agencia consistía en construir un sistema alterno de transmisión para atender la creciente demanda industrial de Querétaro. Ese proyecto obtuvo autorizaciones técnicas, avanzó durante meses y, según su versión, sólo fue detenido por la negativa de la CFE.
Si ese proyecto desapareció, entonces la Agencia también perdió el objetivo que justificó su creación.
Pero eso no significa que deba desaparecer.
Significa que necesita reinventarse.
Hoy Querétaro no necesita una oficina que únicamente gestione oficios con la CFE. Necesita una institución que se convierta en el cerebro técnico del sistema energético estatal.
La Agencia podría asumir tareas que hoy nadie realiza de manera integral.
Por ejemplo, construir un Observatorio Estatal de Confiabilidad Eléctrica, con un mapa público y en tiempo real de los apagones, identificando las colonias más afectadas, la duración promedio de las interrupciones y los puntos críticos de la infraestructura. Actualmente esa información sólo la concentra la CFE y la ciudadanía no tiene acceso a diagnósticos públicos que permitan medir la magnitud del problema.
También podría elaborar auditorías técnicas independientes sobre la red eléctrica estatal. No para sustituir a la CFE, sino para documentar con evidencia dónde hacen falta transformadores, reconductorizaciones, podas preventivas o modernización de circuitos. Esa información fortalecería la gestión del Gobierno estatal y permitiría exigir inversiones con datos, no sólo con declaraciones.
Otra función estratégica sería coordinar un programa permanente de generación distribuida para edificios públicos, hospitales, escuelas y organismos operadores de agua mediante paneles solares y sistemas de almacenamiento. Cada edificio que reduzca su consumo de la red convencional disminuye presión sobre el sistema eléctrico y mejora la resiliencia ante contingencias.
La Agencia también podría establecer mesas técnicas permanentes con cámaras empresariales, universidades, municipios y la propia CFE para anticipar zonas de crecimiento urbano e industrial. El problema de Querétaro es que la infraestructura eléctrica siempre llega tarde; la planeación debería adelantarse al desarrollo, no correr detrás de él.
Incluso podría emitir reportes trimestrales públicos sobre la calidad del servicio eléctrico en el estado, con indicadores claros de frecuencia de apagones, tiempos de respuesta y evolución de la infraestructura. La transparencia también genera presión institucional.
En otras palabras, aunque la A…

