La discusión sobre la nueva Ley de Aguas de Querétaro sigue creciendo y, con ella, las contradicciones. La presidenta del Consejo Consultivo del Agua, Katia Reséndiz, anunció una propuesta para crear una Secretaría del Agua estatal y un ente regulador independiente que supervise a los organismos operadores y atienda conflictos relacionados con tarifas, distribución y abastecimiento. El argumento es contundente: hoy existe un vacío legal y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) no puede ser, al mismo tiempo, operador y árbitro.
La propuesta llega, sin embargo, en un momento políticamente incómodo. El Consejo Consultivo del Agua no participó en el Parlamento Abierto impulsado por colectivos, universidades y ciudadanos para discutir la nueva ley. Ahora, cuando el proceso legislativo ya avanzó y se abren nuevas mesas de trabajo, aparece una iniciativa que podría modificar por completo la arquitectura institucional del agua en el estado.
La respuesta del diputado Eric Silva fue igual de directa: crear una Secretaría del Agua implicaría una reforma constitucional, elevar el umbral de aprobación de 13 a 17 votos y ampliar la burocracia estatal. Su preocupación no es menor. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, el legislador cuestiona si una nueva dependencia realmente resolvería la crisis hídrica o simplemente crearía otra oficina bajo la tutela del Poder Ejecutivo.
La discusión de fondo es mucho más profunda que un nuevo organigrama. Querétaro enfrenta sobreexplotación de acuíferos, conflictos por el acceso al agua y crecientes tensiones entre operadores públicos y privados. La pregunta es si el problema del agua se resuelve creando más instituciones o haciendo que las que ya existen funcionen con transparencia, regulación y rendición de cuentas. Porque en política hídrica, llegar tarde a la conversación también tiene costos.
