El Congreso del estado abrió uno de los debates más delicados de los próximos años: la nueva Ley de Aguas de Querétaro. En un Parlamento Abierto encabezado por el diputado Eric Silva Hernández, se presentaron avances de un proceso que, al menos en el discurso, busca romper con la lógica tradicional de leyes hechas sólo desde el escritorio.
El argumento central es claro: el agua ya no puede seguir administrándose sin escuchar a la ciudadanía, especialistas, colectivos y organizaciones sociales. En el foro participaron legisladores de distintas fuerzas políticas, académicos y activistas que han advertido una realidad incómoda: desabasto, tandeos, cobros irregulares y presión creciente sobre los acuíferos.
Otro dato que cruza todo el debate es el crecimiento del estado. En poco más de una década, la población prácticamente se duplicó en la zona metropolitana, y se anticipa mayor presión con proyectos como el tren México–Querétaro. El punto de quiebre es evidente: el modelo actual ya no alcanza para sostener la demanda.
La discusión no es solo sobre infraestructura o tarifas. Es sobre quién decide, cómo se distribuye el recurso y qué tan preparado está Querétaro para una crisis hídrica que ya no es futura, sino presente.
