Luego de que el Congreso de Querétaro aprobara la Ley de Identidad de Género para personas mayores de edad, la atención pública se ha centrado ahora en el Poder Ejecutivo estatal, ante la posibilidad de que la reforma pueda ser observada, vetada o incluso retrasada en su publicación oficial.
El gobernador Mauricio Kuri adelantó que analizaría el contenido aprobado por la Legislatura para determinar si existen observaciones jurídicas, lo que abrió distintos escenarios políticos y legales alrededor de la entrada en vigor de la reforma. Entre las versiones que circulan en el ámbito político se encuentra la posibilidad de un veto parcial o total, así como el escenario de que la ley no sea publicada por el Ejecutivo dentro de los plazos establecidos.
En ese contexto, especialistas y colectivos han recordado que, de no publicarse dentro de los tiempos legales, la propia Mesa Directiva del Congreso podría ordenar su publicación una vez transcurridos 30 días, como lo contempla el marco constitucional. El tema ha generado discusión pública debido a que la reforma ya fue avalada por mayoría legislativa y responde a una realidad que actualmente obliga a personas trans a recurrir a amparos o realizar trámites en otras entidades del país.
Organizaciones civiles y activistas han insistido en que el debate debe centrarse en derechos humanos y certeza jurídica, al señalar que actualmente existen casos de personas con documentos oficiales distintos entre estados, situación que genera complicaciones administrativas, académicas y legales.
