La designación de la próxima persona titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Querétaro no es un trámite administrativo más. Es una decisión que puede marcar el rumbo de la rendición de cuentas en el estado durante los próximos nueve años. Nueve años. Más que un sexenio completo. Por eso resulta inevitable preguntar si realmente veremos una Fiscalía incómoda para el poder… o una Fiscalía cómoda con el poder.
El gobernador Mauricio Kuri envió al Congreso una terna integrada por perfiles con trayectorias técnicas robustas: Juan Manuel Martínez López, especializado en combate al lavado de dinero y actual funcionario de la propia Fiscalía Anticorrupción; María Elena Guadarrama Conejo, con experiencia en transparencia, derechos humanos y combate a la corrupción; y Carlos De Los Cobos Sepúlveda, con carrera en el Poder Judicial Federal, el INAI y temas constitucionales. Sobre el papel, los tres cumplen. El problema nunca ha sido el currículum. El problema es quién responde ante quién.
En círculos políticos y jurídicos locales, los nombres ya empiezan a leerse en clave de cercanías y grupos. Juan Manuel Martínez representa continuidad institucional dentro de la estructura actual de procuración de justicia; María Elena Guadarrama ha tenido cercanía con agendas de transparencia y derechos humanos impulsadas desde organismos públicos y gobiernos anteriores; mientras que Carlos De Los Cobos es identificado con perfiles técnicos vinculados a estructuras federales y judiciales. Hasta ahora no existen pruebas públicas de militancia partidista activa ni señalamientos formales de subordinación política directa, pero justamente ahí está el reto: en México las autonomías suelen presumirse antes de demostrarse.
Y mientras eso ocurre, Morena ya lanzó una advertencia que vale la pena escuchar. El coordinador Arturo Maximiliano García pidió que el proceso no sea fast track y que las comparecencias sean públicas, abiertas a medios y ciudadanía. Tiene razón. Porque si algo ha lastimado la confianza pública es la costumbre de cocinar nombramientos en corto y aprobarlos en automático. Una Fiscalía Anticorrupción no puede nacer bajo sospecha de negociación política.
La verdadera discusión no es quién tiene más diplomas o certificaciones internacionales. La pregunta incómoda es otra: ¿quién estaría dispuesto a investigar al poder que lo impulsó? Porque combatir la corrupción no es perseguir funcionarios menores ni inaugurar discursos de transparencia. Es tocar intereses, romper pactos y soportar presiones. Y eso no se aprende en un CV.
Querétaro enfrenta una prueba institucional importante. Si el Congreso convierte este proceso en una simulación rápida, confirmará el divorcio entre ciudadanía y clase política. Pero si abre el debate, transparenta las comparecencias y permite un verdadero escrutinio público, podría sentar un precedente distinto en un estado donde históricamente las decisiones más relevantes se han tomado entre pocos. La autonomía no se decreta. Se demuestra. Y esta designación será la primera gran prueba.
