Lo que debía ser un ejercicio técnico de fiscalización terminó convertido en un campo minado político. En una sesión de casi cuatro horas, la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General de las Cuentas Públicas aprobó 52 informes, dejando en el aire otros cuatro: Huimilpan, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Tequisquiapan. Este último quedó en empate, atrapado en una especie de limbo legislativo que evidencia algo más profundo: la fragilidad del proceso.

La presidenta de la comisión, Claudia Díaz Gayou, justificó los pendientes por la carga de observaciones y la complejidad de los casos. Sin embargo, el mensaje que queda no es técnico, es político: hay cuentas públicas que simplemente no convencen. De hecho, varios dictámenes fueron catalogados como “no revisados correctamente” por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), lo que abre una grieta peligrosa en la confianza institucional.

Y mientras unos señalan deficiencias, otros cuestionan el fondo. El diputado Antonio Zapata fue directo: la comisión estaría rebasando sus facultades, actuando fuera del marco para el que fue creada. Además, puso sobre la mesa un tema incómodo: un posible conflicto de interés no resuelto en el caso Tequisquiapan. La respuesta institucional no llegó.

Aquí la reflexión es inevitable: cuando la fiscalización se vuelve opaca, la rendición de cuentas deja de ser garantía y se convierte en simulación. No se trata solo de revisar números, sino de sostener la credibilidad de todo el sistema. Si las cuentas públicas generan más dudas que certezas, el problema ya no es técnico… es de confianza pública.