La discusión sobre la pirotecnia en Querétaro dejó de ser un debate entre quienes disfrutan los espectáculos y quienes defienden a los animales. Hoy el reclamo apunta directamente a la credibilidad de las autoridades. Animal Heroes exigió que el estado y el municipio aprueben la prohibición del uso de pólvora en eventos públicos antes del próximo 15 de septiembre, luego de recordar que el gobierno municipal incumplió su promesa durante la celebración por los 300 años de Los Arcos, cuando, pese a anunciar que no habría fuegos artificiales, detonó pirotecnia durante aproximadamente diez minutos.
La organización impulsa dos frentes simultáneos: una iniciativa estatal y otra municipal conocida como Ley Diana, respaldada por el Colectivo Ciudadano Sin Pirotecnia. Para que esta última llegue al Cabildo se requieren alrededor de mil 600 firmas ciudadanas; hasta ahora han reunido más de mil y buscan completar la meta antes de finalizar agosto. De aprobarse, sería la primera iniciativa ciudadana respaldada con firmas que se presenta formalmente en la historia del municipio de Querétaro.
La evidencia científica sobre los efectos de la pirotecnia se ha acumulado durante años. Diversos estudios internacionales documentan afectaciones en fauna silvestre y doméstica, aumentos en los niveles de estrés en personas con trastorno del espectro autista, adultos mayores y personas con hipersensibilidad auditiva, además de impactos ambientales por partículas contaminantes. Incluso autoridades estatales, como el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete, han manifestado públicamente desde años anteriores su postura crítica frente al uso de pólvora.
La discusión ya no parece centrarse en si los fuegos artificiales son bonitos o tradicionales. El verdadero debate es si un gobierno debe sostener una práctica que reconoce como dañina o si está dispuesto a sustituirla por alternativas tecnológicas, como espectáculos de drones o iluminación. El reloj ya corre rumbo al 15 de septiembre y la decisión pondrá a prueba si las promesas ambientales y de bienestar animal se convierten en política pública o permanecen únicamente en el discurso.
