La revocación de mandato vuelve al centro de la discusión política en Querétaro, pero hay que ponerle fecha y contexto: no se trata de una consulta para decidir ahora la permanencia del gobernador Mauricio Kuri, sino de establecer las reglas para que este mecanismo pueda utilizarse en el futuro. La Comisión de Participación Ciudadana de la Legislatura tiene previsto votar este 30 de septiembre el dictamen impulsado por Morena.

Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de Morena, sostiene que Querétaro quedó pendiente de reglamentar una figura incorporada al marco constitucional federal en 2019 y que, según su planteamiento, la Constitución local la contempló posteriormente. El dictamen establece que para solicitar la revocación se necesitaría el respaldo de al menos 10% de la lista nominal, además de representación en por lo menos la mitad más uno de los municipios; para que el resultado sea vinculante tendría que participar al menos 40% de la lista nominal.

Y aquí está el dato que probablemente se perderá entre los discursos: de aprobarse y concluir el proceso legislativo, el mecanismo no alcanzaría a la actual administración estatal. La propia discusión legislativa apunta a que la primera posibilidad de aplicarlo sería en 2031. Es decir, la pregunta que se abre no es quién podría ser removido hoy, sino por qué Querétaro está regulando hasta ahora un mecanismo de participación ciudadana que debió contar con reglas desde años atrás.

Santiago Nieto acompañando a los diputados de la 4T planteó que la revocación debe vincular la democracia representativa con mecanismos de participación directa y que su regulación debe sujetarse a los criterios constitucionales y jurisdiccionales. Ahora el dictamen tendrá que pasar por la Comisión y, si avanza, llegar al Pleno. La discusión de fondo será qué reglas tendrá la ciudadanía para cuestionar la continuidad de quien gobierne y qué tan clara será la ruta para ejercer ese derecho.