El gobernador Mauricio Kuri González anunció que en los próximos días enviará al Congreso del Estado una iniciativa de ley para endurecer sanciones contra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos. El objetivo: cerrar la puerta legal a una práctica que, aunque muchas veces se invisibiliza, ya es una realidad en distintas regiones del país.
El planteamiento no es menor. El Ejecutivo estatal advierte que el crimen organizado ha encontrado nuevas rutas de enganche: redes sociales, entornos de violencia familiar y promesas falsas de dinero fácil. El resultado, dice, es un proceso progresivo de captación donde menores terminan como vigilantes, transportistas o piezas logísticas del delito.
La iniciativa propone castigar no solo a quien reclute, sino también a quien financie, capacite o utilice a menores en actividades criminales. La postura es clara: tolerancia cero. En palabras del gobernador, “eso no va a ocurrir en Querétaro. Nuestra infancia y adolescencia no se toca”.
Más allá del anuncio, el debate de fondo es incómodo pero necesario: cómo un estado que presume seguridad blindada enfrenta una de las nuevas formas de expansión del crimen organizado sin que la violencia llegue primero a la niñez.
